(es/en)
Julio, 2017
El número 4/2016 de la Revista de Estudios Fronterizos del Estrecho de Gibraltar, REFEG, del Centro de investigaciones sociales y migratorias del Estrecho de Gibraltar incluye mi artículo de investigación «Del amparo al derecho: apuntes sobre la historia de la protección social» .
Este trabajo supuso el paso final para obtener mi título de «Experto Universitario en Derecho de Extranjería y Cooperación al Desarrollo» por la Universidad de Cádiz a finales de 2016. Le estoy muy agradecida al profesor Fernández Alles por su maestría en la dirección y su incansable amabilidad.
Como voluntaria de Cruz Roja en atención social y jurídica a la población migrante de l’Alcoià-Comtat (Alicante) decidí emprender esta titulación en 2015 para profundizar mis conocimientos en dicho sector. A la hora de elegir la temática de la investigación, también fue relevante mi anterior experiencia profesional como abogada en el ámbito hospitalario para llegar a esta breve síntesis histórica de la protección social a las personas desfavorecidas en España.
De los gremios medievales, los hospicios municipales y los movimientos obreros a la iguala; el Retiro Obrero Obligatorio de 1919 o el seguro de maternidad de 1923; la legislación social de la Segunda República o el Seguro Obligatorio de Enfermedad de la dictadura franquista; y el llamado «Estado del Bienestar» de la Constitución de 1978.
Aquel pacto social hoy está arrinconado y en este país empobrecido las prestaciones de los servicios sociales públicos ya no alcanzan a los colectivos vulnerables. Estos buscan soluciones individuales a su desprotección mientras que el protagonismo del tercer sector en el tejido social no deja de crecer. El modelo de financiación del Estado español está en crisis, la equidad interterritorial brilla por su ausencia, hay un firme desequilibrio entre la distribución de ingresos entre las administraciones central y autonómicas, responsables estas del 92,35% del gasto en sanidad en 2012, y no se cumple la garantía constitucional de un nivel mínimo en la prestación de servicios públicos fundamentales. Con la reforma de 2012, el Sistema Nacional de Salud, en función de criterios económicos avalados por el Tribunal Constitucional, dejó de apoyarse en la universalidad y agrandó la exclusión social mediante el modelo de aseguramiento de los servicios sanitarios.
Los ciudadanos reemplazaron a los súbditos de antaño pero la sociedad está tomando el camino inverso, se abandona la protección social ‑un derecho público que es legalmente exigible‑ para defender la beneficencia‑una prestación privada y graciable‑. El criterio imperante, economicista, la ausencia de valores morales y un claro retroceso en la protección de los derechos sociales exige un nuevo ciclo económico y social que lleve a un crecimiento sostenible y equilibrado donde impere la cohesión social.
(ENG)
July, 2017
Issue 4/2016 of the Revista de Estudios Fronterizos del Estrecho de Gibraltar, REFEG, (Review of Border Studies of the Strait of Gibraltar), published by the Centro de investigaciones sociales y migratorias del Estrecho de Gibraltar (Social and Migrational Studies Centre of the Strait of Gibraltar), includes my research paper «Del amparo al derecho: apuntes sobre la historia de la protección social» (From shelter to right: notes on the history of social protection).
This work was the final step in order to obtain my degree of «Experto Universitario en Derecho de Extranjería y Cooperación al Desarrollo» (University Expert in Immigration Law and Development Cooperation) by the Universidad de Cádiz at the end of 2016. I am very grateful to Professor Fernández Alles for his training expertise and tireless kindness.
As a Red Cross Volunteer in social and legal aid to the migrant population at l’Alcoià-Comtat (Alicante) I decided to begin these studies in 2015 to further my knowledge in this area. My previous job experience as a hospital lawyer also played a role in order to choose the research subject and to write this brief historic summary of Spain’s social protection to underprivileged people.
From medieval guilds, local hospices and labor movements to the iguala; the 1919 Retiro Obrero Obligatorio and the 1923 maternity insurance: the Second Republic’s social legislation and Franco dictatorship’s Seguro Obligatorio de Enfermedad; or the so-called «Welfare State» of the 1978 Constitution.
Such social contract is now stranded and the benefits of public social services in this impoverished country no longer reach vulnerable groups. They seek individual solutions to their vulnerability while the third sector plays an ever growing role in the social fabric. The financing model of the Spanish state is in crisis, inter-territorial equity is lacking, there is a definite imbalance in income distribution between the national and regional administrations, the latter being responsible for 92,35% health expenditure in 2012, while constitutional guarantees of a minimum level in the provision of key public services are not obeyed. With the 2012 reform, Spain’s National Health Service, using economic criteria endorsed by the Constitutional Court, ceased to rely upon universal coverage and instead increased social exclusion via the insurance model for health services.
The citizens once replaced the subjects of the past but society is taking the opposite course, social protection ‑a public right that is legally enforceable‑ is being abandoned in favour of charity ‑a private and ex gratia provision‑. The prevailing standard is economic, moral values are absent and the protection of social rights is in absolute decline. We require a new economic and social cycle conducive to sustainable and balanced growth where social cohesion prevails.
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Una Herrero de Benilloba 